Los impuestos pueden ser una herramienta esencial para ordenar e impulsar de manera eficiente la economía social o pueden ser un castigo para la sociedad porque impiden el crecimiento de la producción y el aumento de los ingresos de los trabajadores.
Los impuestos son aportes económicos que realizan los integrantes de la sociedad al Estado para que cuente con recursos para que el gobierno pueda llevar adelante políticas públicas vinculadas a la educación, la cultura, la salud, la seguridad, la economía y el bienestar general. Es imposible la existencia de un Estado moderno y el funcionamiento de un gobierno sin un régimen tributario que permita solventar el gasto estatal.
Los impuestos, además de solventar las políticas públicas, son una herramienta muy útil para ordenar las relaciones económicas de la sociedad, evitar desequilibrios en la producción, controlar las interferencias en el mercado, impulsar la igualdad social o neutralizar desajustes comerciales, entre otros objetivos.
Sin embargo, no siempre los impuestos tienen objetivos loables y resultados positivos en su aplicación. La experiencia histórica y presente muestra como los impuestos pueden llegar a ser muy negativos para la sociedad porque son abusivos, distorsionan el mercado, afectan la producción, dañan los ingresos de los trabajadores o generan desequilibrios en la economía que impiden su crecimiento y bienestar. Este es el caso de Argentina. En nuestro país existe un ineficiente, negativo y voraz sistema impositivo que no solo impide salir de la decadencia sino que ayuda aumentar la pobreza y daña la actividad productiva.
Argentina se encuentra a la cabeza del ranking de los países del mundo en cuanto a la cantidad de impuestos y a la presión tributaria sobre la economía formal. Actualmente existen más de 150 gravámenes nacionales y provinciales a los que hay que sumar un numero indefinido de tasas municipales que son impuestos encubiertos. Esta descomunal cantidad de impuestos representa una carga tributaria que igual al 50% del Producto Bruto Interno sin que ese aporte de los contribuyentes se refleje positivamente en los servicios y políticas que brinda el Estado.
Las consecuencias de este abusivo sistema tributario, que ahoga y destruye a los factores de la producción, han sido muy negativas ya que mientras la economía formal está estancada por tener un crecimiento casi nulo la economía informal crece año a año.
La expansión de la actividades económicas informales –fuera del radar del control público– es consecuencia directa de la decisión de los trabajadores y empresarios de evadir los impuestos a fin de evitar que sus ingresos sean cercenados por una voracidad estatal que constantemente aumenta la carga tributaria y aumenta las regulaciones a la actividad privada. El resultado de la ineficiente política tributaria nacional es la multiplicación de mercados informales por todo el territorio. Año a año se multiplican las saladitas, los manteros callejeros, el contrabando fronterizo, las empresas clandestinas y las transacciones comerciales sin facturas para eludir la carga tributaria estatal.
El régimen impositivo argentino no solo es un corset que impide el crecimiento de la actividad privada sino que es absolutamente negativo para la construcción de un sistema económico productivo, justo, igualitario y rentable. Es un sistema abusivo que castiga a los sectores de la producción y el trabajo porque se apropia compulsivamente de un alto porcentaje de la riqueza que le corresponde al sector productivo y los consumidores. Es un régimen ineficiente porque no ayuda a ordenar la producción y la distribución de ingresos de manera positiva sino que por el contrario la desordena y entorpece. Es un sistema que obstaculiza el crecimiento económico individual y social porque actúa como un yunque que hunde a quienes quieren invertir, comerciar, trabajar y producir.
Detrás del reiterado relato que los ingresos recaudados con los impuestos vuelven a la gente en forma de servicios y prestaciones los sucesivos gobiernos pretenden esconder las consecuencia negativas que el sistema tributario nacional, provincial y municipal genera en la mayor parte los argentinos. Se trata de ocultar que los impuestos son en una máquina expoliadora y destructora de los ingresos que genera la sociedad con su esfuerzo.
Decir que el sistema tributario argentino es un castigo para la producción, los trabajadores, inversores y consumidores no es una frase vacía de contenido en la medida que la presión tributaria nacional supera el 50% del PBI, es decir que la mitad de lo que generan los argentinos con su trabajo es apropiado por el Estado. Por otro lado, si se analizan los Ingresos Públicos de la Nación se puede apreciar que aproximadamente entre el 60 y 70% de los recursos que aportan los contribuyentes provienen los impuestos al trabajo, el consumo, la producción, las utilidades empresariales y al patrimonio de los argentinos.
Sin ninguna duda el sistema tributario nacional es un régimen que castiga a los trabajadores porque reduce su capacidad de ingreso; priva a los consumidores de ingresos para acceder a bienes o servicios; frena las exportaciones y reduce las importaciones para beneficiar deficientes empresas nacionales que venden productos caros y de mala calidad; limita la capacidad de ahorro para invertir en la producción; distorsiona los precios al incrementar el valor de los productos como consecuencia de los impuestos indirectos; y corroe el patrimonio de que la gente ha forjado con su trabajo. El sistema impositivo argentino es un sistema perverso que no solo daña a la sociedad trabajadora con su abusiva recaudación sino que los aportes de los contribuyentes regresan en cuenta gotas a la gente dado que la mayor parte queda en manos de la política y sus dirigentes cuyo objetivo es seguir viviendo del Estado.
Si bien el sistema impositivo argentino es una maraña de gravámenes de difícil conocimiento por su complejidad, diversidad y cantidad de disposiciones que los regulan, es posible realizar una elemental descripción de aquellos más distorsivos que afectan la producción, los ingresos de la gente de trabajo, el consumo y las inversiones.
Entre los gravámenes más negativos para la sociedad se encuentran en primer lugar los impuestos al consumo. Estos gravámenes son los preferidos de los gobernantes porque se pueden aplicar ante cada nuevo bien o servicio que aparece en el mercado. Son impuestos que se cobran ante cada operación de compra-venta sin que exista demasiado rechazo de la gente porque por lo general están incluidos en el precio de cada bien o servicio. Es el caso de los impuestos aplicados a los cigarrillos, la gasolina, los celulares, los autos, los envases, la televisión por cable, internet o a las entradas de los cines.
Los impuestos al consumo son los que más recaudan por lo cual son aplicados a decenas de productos y utilizados de manera frecuente por el Estado para hacerse de recursos de manera rápida. Son impuestos –salvo el IVA– que generalmente no se describen en las facturas para pasar desapercibidos y evitar la queja social.
Entre los impuestos al consumo de mayor impacto sobre el bolsillo de los consumidores –por su tasa elevada– se puede mencionar el impuesto el Impuesto al Valor Agregado (IVA). El IVA es un gravamen que se aplica a la mayoría de los bienes o servicios que se consume en todo el territorio nacional y su tasa ronda entre el 20 y 25% del valor de compra.
Otra carga tributaria que perjudica, castiga y restringe los ingresos de los trabajadores son los llamados genéricamente impuestos al trabajo que actualmente representa una carga que oscila entre el 20% y 45% sobre salarios y honorarios. En el caso de los trabajadores independientes o monotributistas la carga impositiva es bastante menor, aunque es factible en el corto plazo se incremente porque cada vez es mayor el número de cuenta propistas y el Estado tiene una gran voracidad recaudatoria.
Entre las diferentes cargas tributarias que se aplican a los salarios –cuota sindical, seguro de desempleo, riesgo laboral, cuota sindical, cargas sociales y jubilación– la más relevante es el llamado impuesto a las ganancias dado su alta tasa imponible.
El porcentaje de todos las cargas aplicadas a los salarios e ingresos de los trabajadores independentes oscila entre el 18% y 45% según los diferentes ingresos grabados.
Es indudable que los impuestos al trabajo –en todas sus categorías– son negativos para los trabajadores y la economía social porque limitan la capacidad de consumo de los asalariados. Son impuestos que disminuyen la capacidad de gasto de los integrantes de la sociedad, achican el mercado interno, reducen la demanda y limita la libertad de los trabadores para usar la totalidad de los ingresos que han percibido por su trabajo.
Con los impuestos al trabajo los asalariados descubren que los ingresos acordados al momento de ser empleados no son los que verdaderamente reciben al momento de cobrarlos dado que el Estado se apropia de buena parte de los mismos antes de que lleguen a su bolsillo. Esta distorsión ha dado lugar a la distinción salarial conocida popularmente como salarios nominales y salario de bolsillo. Los primeros son los ingresos que teóricamente percibe el trabajador, mientras que el segundo es el que efectivamente ingresa a su bolsillo o patrimonio. La diferencia de uno y otros van a las arcas del Estado.
Una de las consecuencias negativas más relevante que tienen los impuestos al trabajo es el aumento del trabajo informal. Las contribuciones tributarias que se descuentan del monto total de los salarios formales o en blanco llegan a ser tan elevadas que los empleados y empresarios prefieren acordar el pago de salarios en negro. El trabajador, al cobrar en negro, obtiene un mayor ingreso de bolsillo porque acuerda con el empleador un salario superior al que obtendría si cobrara en blanco ya que el empresario se ahorra las cargas patronales. Lógicamente que trabajar en negro no es una decisión que los trabajadores anhelan –sobre todos los adultos– porque saben que tener ingresos informales o en negro les impide acceder a una obra social médica, solicitar un crédito o tener una tarjeta de débito.
Los empresarios también padecen el ineficiente, arbitrario y abusivo sistema de impuestos al trabajo. Como empleador de trabajadores debe aportar al Estado entre un 20% y 35% del salario bruto acordado con el empleado en concepto de cargas patronales, seguros, porcentaje de aportes jublilatorios e impuestos varios. Esta importante carga tributaria que abona el empleador encarece de manera importante el costo laboral. Por este motivo, los empresarios tienden a reducir la demanda laboral a fin de bajar los costos salariales que afectan su rentabilidad o bien acuerdan con sus empleados un salario en negro para ahorrarse las cargas patronales. Si bien al contratar trabajo en negro se exponen a multas, conflictos sindicales y juicios laborales con pago de elevadísimas indemnizaciones, una gran mayoría de empresas pymes optan por este camino porque si tienen que pagar los impuestos al trabajo y las cargas tributaria exigidas por el Estado no podrían funcionar o aspirar a tener una cierta rentabilidad.
En Argentina existe un fuerte consenso en cuanto a que los que más tienen deben afrontar mayor volumen de impuestos y pagar mayores tasas. Por tal motivo las empresas y sus responsables afrontan una mayor presión impositiva que otros sectores de la economía.
La sumatoria de impuestos que se aplican en nuestro país a la producción, inversión y comercialización de productos impide que las empresas logren ser mediamente rentables, sean competitivas internacionalmente, ofrezcan productos con bajos precios, generen innovaciones, contraten mayor cantidad de empleados y puedan expandirse interna o externamente.
Entre los impuestos más negativos aplicados a las empresas productoras se encuentra el impuesto a las ganancias que tiene una tasa superior al 30%; el impuesto al patrimonio; la compra venta de inmuebles; las tasas aduaneras por exportación e importación; el impuesto a la renta financiera; a las inversiones y otros impuestos que arbitrariamente sancionan los gobiernos en épocas de crisis como el impuesto solidario sancionado en 2021. En el caso de la actividad agropecuaria la situación es mucho peor. A todos los impuestos que gravan a las empresas en general hay que sumarle las retenciones a las exportaciones que alcanzan cerca del 35% para el caso de la soja, el ABL rural y al ganado, entre otros gravámenes.
Lo más significativo a tener en cuenta sobre la carga impositiva que sufren las empresas es que mientras gran parte de sociedad mira con recelo a los impuestos al consumo y al trabajo no tienen la misma opinión sobre los impuestos a las empresas y el campo. Al valorar ideológicamente que los empresarios y financistas logran altas ganancias por el poder que ejercen sobre el mercado y los trabajadores consideran que con los impuestos que se le aplican se está haciendo justicia. No comprenden que cuando los impuestos a las empresas productivas son elevados se termina afectando los salarios, el empleo, el mercado interno, la productividad y el crecimiento de la economía en general.
Es cierto que la mayoría de las empresas se mueven básicamente por intereses materiales, y para generar la mayor cantidad de utilidades. Sin embargo, la búsqueda de ganancias y de satisfacer sus intereses empresariales no los convierte en agentes diabólicos o enemigos de la sociedad por lo que deben ser castigados con elevados impuestos de toda clase y color.
En un orden social igualitario y con orden jurídico equilibrado, la búsqueda de ganancias por parte de las empresas no es negativa ni repudiable. Al contrario, la generación de ganancias por parte de las empresas se traduce en un aumento de la riqueza social, mayor demanda de empleados y en un incremento de los salarios. A la inversa, un sistema económico que cercene por vía impositiva las ganancias de las empresas, normalmente hace que la producción disminuya, la demanda de trabajadores caiga y el mercado interno se achique.
La fuerte presión tributaria sobre las empresas empuja a los empresarios a utilizar otros mecanismos de subsistencia. Ante el ahogo impositivo, lo primero que hacen es bajar los salarios de los trabajadores. Cuando les resulta difícil transitar ese camino por la resistencia sindical, enfilan su accionar hacia el mercado con el propósito de tener una posición dominante para manejarlo y evitar la competencia. Al controlar el mercado, suben los precios unilateralmente para compensar el incremento de costos generado por los impuestos. Cuando no bajar salarios y controlar el mercado buscan subsidios y beneficios especiales del Estado que compensen la presión tributaria.
Cuando todas esas acciones fallan, las empresas apelan a los contadores amigos, para que les dibujen la contabilidad. De esta forma arreglan los libros contables, para evadir impuestos y tener un margen de rentabilidad. Cuando la evasión fiscal y la doble contabilidad tampoco son efectivas, las empresas ingresan en la economía informal para no pagar impuestos y escapar del control del Estado. El mercado informal es el lugar adonde los empresarios argentinos emigran en busca de ingresos que no obtienen en el mercado formal. En nuestro país ese mercado informal roza el 50% de la actividad económica.
La estructura y objetivos persigue el régimen impositivo argentino es negativo para el progreso social, el crecimiento económico, la inversión, la productividad y los salarios de los trabajadores. Es imprescindible que este sistema inoperante, expoliador de los ingresos de los factores de producción, generador de fuertes desequilibrios y responsable de las inequidades sociales sea reformado integralmente. La Reforma impositiva que debe emprender la sociedad y sus dirigentes consiste fijarse como premisa que la carga impositiva no debe superar el 26% del PBI y que los impuestos a aplicar deben no deben tener como objetivo recaudar ingresos para el gasto publico sino que también es un valioso instrumento para ordenar el sistema económico a fin de hacerlo más eficiente, justo y productivo. Con ese propósito habrá que eliminar aproximadamente el 50% de los impuestos que gravan negativamente el consumo, el trabajo, la producción y la inversión y establecer un gravamen universal del 4% sobre el valor de la renta fundiaria o renta social acumulada sobre todo el territorio nacional.
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